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Carta por la Educación pública que queremos (borrador)
Marea Verde de Málaga. 06.07.15 
Introducción: Por una educación pública de tod@s y para tod@s.
MAREAS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA es un espacio de coordinación de los distintos movimientos, mareas, asambleas y colectivos en defensa de la Educación Pública que existen tanto en la península como en las islas, que tiene como objetivo compartir información, intercambiar experiencias y coordinar acciones conjuntas en defensa de la Educación Pública a nivel nacional.
Porque la educación pertenece y es responsabilidad de toda la ciudadanía, porque la escuela de hoy es la sociedad del mañana, nos negamos a la destrucción del sistema público de enseñanza, condición indispensable de una sociedad democrática. Pretendemos impulsar un pacto ciudadano por la Educación Pública, un acuerdo para establecer entre tod@s un nuevo modelo educativo al servicio de las personas.
    Queremos expresar nuestra firme defensa de la Educación Pública, así como nuestro convencimiento de que ésta es la garantía de una sociedad plural, democrática, participativa, solidaria y libre. Las leyes educativas pasadas y la ley actual han dejado claro que no nos sirven y que ha de ser una ciudadanía activa, además de las y los profesionales implicados, quienes sean capaces de hacerse cargo de lo común, de gestionarlo y de defenderlo.
Denunciamos que los salvajes recortes que se vienen imponiendo por parte de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y con independencia de su signo político, para hacernos pagar a todos esta estafa social a la que llaman “crisis”, están provocando una agresión sin precedentes a la enseñanza pública que no estamos dispuestos a permitir. Queremos enfatizar que dichos recortes ponen de manifiesto que la crisis económica se está aprovechando para imponer un modelo de organización privada del servicio público de educación en todos los niveles, conforme al modelo neoliberal. Un modelo injusto, alejado de las necesidades de las personas y al servicio de las necesidades de los poderes económicos que han propiciado la especulación financiera y la actual crisis económica; poderes que están llevando a cabo una ofensiva legislativa para adaptar el sistema educativo a sus intereses empresariales, todo ello realizado por la puerta trasera, sin debate ni consulta, y sin estar incluido explícitamente en ningún programa electoral.
    Queremos dejar claro, no obstante, que no solo nos mueve el legítimo derecho a defender las condiciones laborales de nuestros docentes, sino también la convicción de que los recortes que hoy se practican afectarán gravemente al Sistema Educativo, y será nuestro alumnado, hijos e hijas, los que pagarán, con una merma de sus expectativas de desarrollo personal y profesional futuro, las consecuencias de estas políticas de recortes.
    Por todo ello, dirigimos esta carta a las distintas formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones generales, a las fuerzas sindicales y sociales así como a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que, a título individual, quieran adherirse y mostrar su apoyo a esta propuesta común en pro de la Educación Pública.
    Llamamos a la firma de esta Carta por la Educación Pública y al compromiso de los partidos políticos y plataformas electorales para que la suscriban, incidiendo de manera prioritaria en los siguientes aspectos:
• Compromiso de derogación de la LOMCE.
• Compromiso de derogación del artículo 135 de la constitución y de las medidas legislativas que se inmiscuyen en la capacidad de gestión de recursos de las Administraciones Públicas  o que anteponen el pago de la deuda a los servicios públicos esenciales y que se traducen en recortes y eliminación de los servicios públicos.
• Compromiso de establecer canales de participación entre partidos y plataformas políticas con la Marea Verde y los colectivos de educación.
• Retirada de la Reforma Laboral.
• Fortalecimiento y aumento de la inversión en la Educación Pública.
• Impulsar la sostenibilidad y la igualdad como ejes transversales en la educación así como la defensa de la infancia.
• No a la privatización de la Universidad.

    Nuestra propuesta para lograr una legislación educativa estable y duradera se basa en los siguientes
Principios fundamentales:
1.-Por una educación pública y gratuita. Entendemos la educación como un derecho de carácter universal que debe pertenecer y acoger a toda la población sin distinción de origen, condiciones o circunstancias. Creemos en un sistema público, de titularidad y gestión pública. Una educación pública y gratuita es la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social, siendo la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la convivencia democrática y el desarrollo tanto personal como social y económico.
Proponemos:
- Plan de choque urgente contra el fracaso escolar y la exclusión social, que pasaría por la eliminación inmediata de todos los recortes aplicados a la educación pública por los distintos gobiernos centrales y autonómicos. Este plan se implementaría en:
a.-Retirada del incremento de horas lectivas aumentadas, así como el reconocimiento como horario lectivo de las horas correspondientes a las guardias del profesorado.
b.-Contratación de todo el personal despedido en los últimos años.
c.-La recuperación del poder adquisitivo perdido: sueldos, pagas extraordinarias, respetar el sueldo durante las bajas.
d.-Reposición de todas las jubilaciones.
e.-Sustitución de las bajas desde el primer día.
f.-Dotación íntegra para la gestión de los centros y devolución del  presupuesto recortado. Así como garantía de un reparto de recursos a los centros con el criterio prevalente de la compensación de la desigualdad social.
g.-Disminución de la ratio en todos los niveles educativos, lo que supondría la posibilidad de arbitrar medidas de atención a la diversidad.
h.-Aumento de becas y eliminación progresiva de las tasas hasta la gratuidad total.
- Dotación de recursos y regulación del uso y disfrute de las instalaciones y servicios públicos por parte de agentes socio-culturales que demanden el acceso a estos. Estos seran usados bajo el criterio de rentabilidad social y sin ningún tipo de ánimo lucrativo o mercantilista.
- Ni un sólo concierto más, ni una plaza para la privada concertada más. No a la eliminación de plazas públicas en favor de la privada. Acabar con los regalos fiscales y abrir un proceso de nacionalización -amortización- de la escuela privada-concertada.
- Auditoría de los conciertos y las concesiones de suelo público. Auditoría de todas las cesiones de suelo público, de las concertaciones de centros antes de ser construidos, de la externalización, de la gestión de etapas educativas, actividades, tramitación administrativa, servicios, o de otras actuaciones que hayan supuesto transferencia de dinero público a manos privadas.
- Eliminar la subcontratación de empresas privadas para trabajo público -comedores escolares, actividades extraescolares, aulas matinales, monitores escolares, intérpretes de lengua de signos, transporte, reprografía, limpiezas y centros de atención temprana.
- Eliminar la evaluación externa de los centros y los ranking basados en pruebas “estandarizadas” que generan competiciones entre los centros para conseguir recursos. En este sentido, se debe garantizar un reparto de recursos a los centros con el criterio prevalente de la compensación de la desigualdad social.
- Garantizar plazas públicas para todo el alumnado en todas las etapas y en todas las enseñanzas: reapertura de aulas e infraestructuras cerradas, cumplimiento de los compromisos de construcción de centros suspendidos en algunos casos hasta por una década, planificación de nuevas construcciones en las localidades y de diferentes enseñanzas donde son necesarias. Plan renove de recuperación y restauración de las infraestructuras existente.
- Revisión de la ley de contratos del Estado, con concesiones a 50 años vista.
- Junto con los centros educativos, determinar el material escolar necesario que cada alumn@ necesita para desarrollar su actividad educativa y proporcionarlo a los alumnos y alumnas cuyas condiciones económicas familiares así lo requieran.
-Ordenación de las enseñanzas que tenga en cuenta todas las etapas educativas y todas las enseñanzas.
-Educación 0-6 gratuita. En el caso de la Educación infantil, la dependencia administrativa es importante, pero no tanto como para determinar un objetivo en sí mismo. Se trata de definir una etapa como educativa, establecer la gestión pública de la misma, la financiación, la diversidad en la tipología de centros, no un único modelo, sino múltiples modelos, con criterios educativos, y el planteamiento de un Proyecto Educativo Municipal enmarcado dentro de un Proyecto Educativo de la Comunidad Autónoma. Mientras se lleva a cabo la gratuidad de la Educación Infantil Pública 0-3, recuperación de la cuota 0 en las Escuelas Infantiles públicas (municipales y autonómicas) para familias con el nivel de renta inferior (5.485 € brutos).
-Eliminación de las tasas en la FP pública.
-Eliminar la dualización de la FP y reubicar el diseño de la cualificación profesional de las y los trabajadores y trabajadoras. Revisar la FP básica.
-Introducción de medidas legales que fijen como objetivo alcanzar la media de la UE de inversión pública en educación.
2.-Por una educación laica, científica, humanística y creativa. El laicismo en la educación pública responde a las necesidades de un pueblo como el nuestro, que  aspira a afianzar, mediante la educación, una forma de gobierno y un sistema de vida democráticos en los que se exprese el pluralismo social y político del país. La educación laica es una condición del desarrollo libre de toda persona y del respeto pleno de las garantías individuales y los derechos humanos de todas las personas. Introducir en la escuela pública distinciones que tengan como base los credos religiosos del alumnado abriría la puerta a privilegios, conflictos, exclusiones y discriminación que, precisamente, la educación está llamada a combatir. La escuela pública laica está abierta a todos sin hacer distinción de nada ni nadie.
    Además abogamos por una educación que proporcione una formación científica y humanística, que fomente la investigación en los procesos de aprendizaje y la creatividad en todo su entorno escolar. Necesitamos y queremos una escuela que estimule la creatividad, función importante para aumentar la motivación y mejorar los procesos de aprendizaje. El sistema actual educa al alumnado al margen de sus capacidades creativas. Es necesario repensar los principios fundamentales en los que estamos educando en nuestras escuelas públicas.
Proponemos:
-Ninguna religión, ni cualquier otro dogma, dentro de la enseñanza pública. Reducción progresiva de la asignatura de Religión hasta su total eliminación.
-Reconstrucción de un currículo laico, que sea relevante y significativo, que potencie la investigación. Un currículo motivador que involucre al alumnado en la búsqueda de respuestas creativas e innovadoras.
-Fomentar y ampliar el horario escolar dedicado a las enseñanzas de Artes -Música, Teatro, Danza, Artes Plásticas-.
-No a la eliminación de unidades de Escuelas de Arte y conservatorios, ampliar la oferta pública y potenciar en colaboración con las administraciones locales, escuelas municipales de música y artes.
3.-Por una educación democrática y participativa. Una de las finalidades esenciales de la educación es formar para una ciudadanía democrática. Democracia es participación, pero esta participación debe ser efectiva en el ámbito de la escuela pública e ir mucho más allá de los aspectos y órganos formales. No es posible reducir la participación democrática al solo uso de estos elementos y espacios. La construcción de una educación de tod@s para tod@s supone hacer especial énfasis en la formación democrática.
Proponemos:
- Modelo democrático y transparente en la escolarización:
•    Escolarización con participación de las organizaciones sindicales, de madres y padres y de la comunidad educativa. Acabar con la zona única.
•    Comisiones de escolarización por distritos, con participación de la comunidad educativa (profesorado, familias, centros, inspección educativa, EOEPS, municipalidad...) para garantizar el reequilibrio en la escolarización y el control democrático de todo el proceso. La Comisión de escolarización asumirá las competencias que tenía antes del llamado "Decreto de Libertad de Elección de Centro" y será quien dirija y centralice el proceso de admisión (recoja las solicitudes de escolarización y no cada centro, resuelva reclamaciones, reserve plazas para alumnado con necesidades educativas, etc.) en coordinación con las Consejerías de Educación.
- Procedimientos de participación y democracia. Modelo educativo basado en la participación democrática en dos sentidos:
    a) Las intervenciones en el modelo educativo deben ser consultadas a la ciudadanía.
b) Una línea participativa entre los Consejos Escolares estatal y autonómicos, los Consejos municipales y los Consejos escolares de centro.
- Elaboración de un Reglamento de Organización de los Centros (ROC) de primaria y secundaria democrático y participativo, que contemple la elección de la dirección por el Consejo Escolar, como órgano de representación y decisión de cada comunidad educativa, elegidos a través de asambleas de padres y madres, estudiantes y docentes, como piezas fundamentales en la gestión de los centros.
- Concretar proyectos educativos en las Comunidades Autónomas que luego se propondrán a los municipios.
- Autonomía de los centros públicos. Control por parte de la comunidad educativa (AMPAS, asociaciones de alumnado, claustros y consejos escolares) facilitando la participación  (presupuestos participativos, horarios, calendario, finanzas, currículos, organización, gestión del centro...).
- Total transparencia en la gestión de los centros. Proceso de cogestión de las distintas administraciones públicas (municipal y regional/autonómica), en el cual también deberían participar diversos agentes socioeducativos y culturales, así como cualquier ciudadano o ciudadana a título individual.
4.-Por una educación para una ciudadanía crítica. Una educación pública para el desarrollo del espíritu crítico, la paz activa, la justicia social, la conciencia ciudadana, la defensa del medio ambiente, la promoción de la salud, en definitiva, una educación para el desarrollo integral de las personas a través de todas las inteligencias y capacidades individuales y colectivas. Entendemos que el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable está estrechamente ligado al desarrollo del juicio crítico y a la capacidad de deliberación. Concebimos que cualquier práctica educativa tiene el mismo valor que los conocimientos cuando esta trata de enseñar educación cívica y va mucho más allá de una mera transmisión de contenidos y hechos.
Proponemos:
- Desarrollar un currículo en la autonomía, que incorpore contenidos de educación ético-política y promueva las capacidades para conocer y comprender críticamente una sociedad basada en el mercado y para desarrollar criterios que permitan construir en ella los propios valores.
- Desarrollar un modelo de currículo que permita la autonomía de programación, de organización y económica de los centros, facilitando la participación social en su control.
- Diseñar un nuevo modelo de currículo tanto estatal como autonómico con participación profesional y social plural, que amplíe el grado de autonomía de los centros para su nivel de concreción curricular, favoreciendo en los centros de especial dificultad un desarrollo curricular más fundamentado en el aprendizaje a través de la práctica.
- Aportar un Diseño curricular con el nivel de apertura suficiente para que los centros hagan su adaptación curricular a su contexto con colaboración con los técnicos educativos municipales de su municipio (o distrito).
- Implementar programas que faciliten a los centros trabajar los contenidos curriculares que tienen como eje central la sostenibilidad: El concepto de sostenibilidad y sus implicaciones. Los problemas ecológicos más importantes tales como: declive energético, pérdida de biodiversidad, sobreurbanización, cambio climático, contaminación (de agua, suelos, alimentos, aire…), crisis alimentaria. Sus causas y medidas correctoras necesarias. La economía ecológica, que explica la producción de la naturaleza, el metabolismo de la sociedad industrial, los ciclos de materiales y de energía, la relación entre economía y ecología. Decrecimiento como alternativa posible. Distinción entre las tecnologías que favorecen la sostenibilidad y las que la impiden. Las necesidades humanas y las consecuencias para la sostenibilidad de diferentes estrategias escogidas para resolverlas. Historia del territorio local y global en la que aparezcan sus transformaciones físicas y biológicas, sus causas y sus consecuencias. El trabajo de cuidados y su contribución al mantenimiento de la vida. Filosofía medioambiental y ética ecológica.  
5.-Por una escuela abierta, inclusiva, coeducativa y para la igualdad. Las soluciones a la educación pública deben ser comunitarias. La escuela no puede estar separada de la comunidad, ir sola. Necesitamos construir comunidades y entornos educadores, que ayuden y colaboren en la educación colectiva. Entendemos que el espacio educativo va mas allá del edificio escolar, del espacio que hay tras las vallas del centro educativo, y que debería existir un intercambio mayor entre dicho espacio y el entorno más próximo en el cual éste se circunscribe. El entorno debe estar pensado para la ciudadanía; un entorno humano, cultural y educativo, dotado de infraestructuras que propicien lugares de reunión, ocio y encuentro.
    La escuela pública debe ser capaz de compensar las desigualdades, eliminando del currículo y de las prácticas educativas el sistema patriarcal para favorecer, así, el empoderamiento de las personas independientemente de su origen social y de su género.  Debe impulsar el respeto de las múltiples identidades considerando la diversidad como una fuente de riqueza y aprendizaje. Una educación que parte del hecho de que su diferencia sexual es una riqueza en vez de un obstáculo, y potenciando el desarrollo de su individualidad sin tener en cuenta los roles que se les exige cumplir desde una sociedad sexista. La educación pública es inclusiva, construye valores como el respeto a la diferencia, la no discriminación y la interculturalidad.
Proponemos:
- Para favorecer la inclusividad, modelo de grupos de alumn@s heterogéneos, no a la segregación del alumnado. Establecer una alternativa al modelo de bilingüismo y que éste no sea excusa para crear grupos homogéneos.
- Garantizar los recursos para hacer posible una Educación desde la normalización a las necesidades educativas especiales en centros ordinarios. Dentro de ellos, favorecer los recursos y la puesta en práctica de currícula ocupacionales para conseguir los objetivos adaptados de la etapa.
- Desarrollar recursos de formación del profesorado en el desarrollo de currícula abierto y globalizado que favorezcan la atención a la diversidad.
- Impulsar cambios curriculares, metodológicos y organizativos para ofrecer mejores respuestas a la diversidad.
- Establecer mecanismos de acogimiento lingüístico y cultural que favorezcan la integración en casos de movilidad dentro del Estado. Estos mecanismos también permitirán la integración de los hablantes de otra lenguas.
- Recuperar la equidad: plan con tener una dotación presupuestaria suficiente para becas al comedor, libros de texto, transporte escolar y medidas de compensación, tanto internas como externas, lleguen al alumnado que lo necesite.
- Comedores y material escolar gratuito (Hay que desarrollarlo con: bibliotecas escolares, transporte, responsabilidad en el uso del material escolar..). (En el ámbito que corresponda).
- Permitir que los colegios de Educación Especial hagan su propia concreción de diseño curricular, recogiendo los objetivos significativos para el nivel de desarrollo evolutivo del alumnado y a través de contenidos y recursos eminentemente ocupacionales.
- Los Colegios de Educación Especial se adscribirán a Colegios públicos e IES con los que desarrollarán proyectos de escolarización compartida y compartirán recursos.
6.-Por una educación dialógica para aprender cooperando. Cuando decimos que queremos participar en la construcción de la escuela del futuro, en lugar de seguir recuperando la mala educación del pasado, entendemos esta nueva concepción de escuela como el espacio donde el aprendizaje cooperativo sea un pilar básico y decisivo en la construcción de una vida escolar democrática, donde las asambleas de reflexión, diálogo y de toma de acuerdos consensuados sea una dinámica habitual que responsablice de manera colectiva a toda la comunidad de aprendizaje.
Proponemos:
- Frente a la burocratización del trabajo de los docentes, abogamos por convertir el trabajo diario en los centros educativos en proceso continuo, clarificador y accesible de investigación activa.
- Unos criterios de evaluación coherentes y consensuados democráticamente por la comunidad educativa y la sociedad civil. Apostar por una evaluación formativa, no sancionadora, aplicable a todos los ámbitos, materias y etapas educativas.
- Establecer núcleos de conocimiento interconectado de las diferentes materias, departamentos y etapas. Esto implica la necesaria coordinación y trabajo en equipo del profesorado, promoviendo así la investigación en los centros, haciendo posible la imprescindible revisión crítica de los currículos, desde una perspectiva cooperativa centrada en problemas relevantes de la condición humana en la sociedad actual.
- Entender el conocimiento como una construcción social rigurosa, científica, crítica y activa que incorpore todos los ámbitos y favorezca la diversidad comunicativa en la comprensión y expresión de los aprendizajes que se adquieren. El objetivo que se persigue es la construcción de una sociedad fraternal, cohesionada y solidaria que se cuida y que cuida el entorno. De acuerdo con estos planteamientos defendemos una perspectiva metodológica que abra la educación pública a una pluralidad de perspectivas pedagógicas compatibles con los fines expuestos.
7.-Por una educación pública de tod@s y para tod@s. Cuando la educación que se imparte es para “todos” sin exclusiones, la escuela es concebida realmente como servicio público. Así, solo cuando ese “todos” que realiza la acción de enseñar y de aprender es el “pueblo”, la escuela se convierte en verdaderamente “pública”. Creemos en un modelo de escuela pública donde el pueblo es entendido y se ubica en el lugar del beneficiario. Una educación así concebida es la mejor escuela posible, porque es abierta, diversa, acogedora, se aprende participando y cooperando, compensa las desigualdades y es garante de las mismas oportunidades educativas para tod@s. Entre sus muros y como ventana abierta al mundo se fomenta la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico para formar la ciudadanía que requiere una sociedad democrática. Imaginamos un tipo de sociedad mejor para ponernos en la tarea de pensar y construir otro tipo de educación posible y necesaria. A la escuela pública le corresponde claramente esta función social y en esa tarea se debe encontrar junto a toda su comunidad educativa.
Proponemos:
- Centros abiertos a su entorno: El centro escolar debe estar integrado en el entorno y su espacio podrá ser usado por la ciudadanía. De igual manera, el centro escolar tendrá facilidad para acceder a los recursos y equipamientos del entorno (barrio, distrito, ciudad).
- Favorecer procesos de educación no formal, educación de personas adultas, alfabetización ambiental, animación de experiencias de aprendizaje colectivo.
- Garantizar al menos dos especialidades de bachillerato en los IES.
- Generación y protección de espacios destinados al juego no mercantilizado.
- Promover y difundir investigaciones sobre los resultados académicos de la escuela pública, las buenas prácticas docentes y realzar la función social de la escuela pública.
- Incluir contenidos curriculares que fomenten el conocimiento y el respeto de las lenguas y las culturas de los diferentes territorios del Estado, dado que el poder político ha convertido la riqueza y la diversidad lingüística en un problema social. Se ofertará el estudio de las lenguas cooficiales en todas las autonomías.
- Tratar al inglés como una lengua extranjera más, sin darle el mismo tratamiento curricular que a las lenguas oficiales.

ANEXO: Medidas para una Universidad pública, democrática, gratuita y de calidad

    La educación, a todos los niveles y edades, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Con ello, la formación superior lo es también para todas y todos. La Universidad, encargada de impartir la educación superior en nuestro país, debe de ser un servicio público en beneficio del conjunto de la sociedad. Es necesario desarrollar y garantizar una universidad pública, gratuita, democrática, laica, científica, crítica y de calidad, de tdo@s y para tod@s. Una universidad comprometida socialmente, al servicio del pueblo. Una universidad con autonomía organizativa que garantice y asegure su independencia académica y científica. Una universidad cooperativa que estimule a colaboración académica e investigadora y fomente la cultura de la responsabilidad social.
    Es imprescindible preservar y desarrollar derechos y garantías para el acceso de todas y todos a la educación superior y para su aprovechamiento. La consideración de la universidad como servicio público, al servicio de toda la ciudadanía, implica por tanto que las consideraciones mercantilistas no tendrán prioridad a la hora de la toma de decisiones. Una universidad del pueblo, con el pueblo, para el pueblo.
Medidas generales y autonómicas en Universidad
• Debe haber una implementación de medidas y un desarrollo de actuaciones legales que impulsen de modo permanente la enseñanza superior pública, evitando su estancamiento y atraso. Hay que adoptar medidas, a todos los niveles, que paralicen y anulen los procesos de “mercantilización” de la universidad y de privatización del conocimiento.
• Paralización de la “Estrategia Universidad 2015”.
• Resulta indispensable elaborar y discutir una propuesta conjunta que afronte la necesaria reforma de la universidad sobre la base de reforzar la autonomía, la democracia interna y la consideración de servicio público de la universidad, potenciando su función social.
• Organizar un amplio debate social, con toda la comunidad universitaria (trabajadores y estudiantes), organizaciones y colectivos sociales y políticos y profesionales de la enseñanza y la investigación sobre el modelo educativo en la enseñanza superior, sus problemas y medidas a adoptar, que desarrolle un proceso participativo, abierto e inclusivo de diseño y construcción colectiva del modelo de universidad.
• A partir de este proceso, creación de una nueva ley de enseñanza superior y universidades que garantice estos principios y criterios.
• Reversión de las medidas establecidas en el Real Decreto-Ley 20 de julio de 2012 que limita derechos de los empleados públicos e impone recortes y ajustes económicos y jurídicos lesivos para la enseñanza pública.
• Reestructuración de la enseñanza superior. Derogación del Decreto 3+2.
• El Estado y las comunidades autónomas tienen la obligación de proporcionar una financiación adecuada y suficiente a las Universidades Públicas para una docencia e investigación de calidad, así como para potenciar la intervención social y cultural de la universidad, que garantice el empleo, infraestructura y medios modernos y recursos para la actividad docente e investigadora.
• Como institución financiada por dinero público, garantizar la total trasparencia de la gestión financiera y académica de las universidades y centros de enseñanza superior y la información transparente del uso de sus recursos, al igual que de su actividad, objetivos y logros. Rechazo a la financiación basada en modelos empresariales por objetivos, rankings y resultados.
• La búsqueda de fondos privados para la financiación universitaria desvirtúa los objetivos académicos e investigadores de la Universidad. Rechazo a la financiación mediante patrocinio y mecenazgo. Reducción de la financiación privada hasta su total desaparición, garantizando su exclusiva dependencia de los fondos públicos o de aquellas iniciativas que no comprometan o condicionen los fines y objetivos de la universidad.
• Potenciar la cooperación y la colaboración académica, científica e investigadora mediante el apoyo, creación, desarrollo y financiación pública de de proyectos, acuerdos, redes, consorcios, etc. en la educación superior y la investigación.
• Eliminar el modelo de competitividad de Campus de Excelencia, sustituyéndolo por proyectos de cooperación y colaboración y por la creación de campus interuniversitarios integradores y colaborativos.
• Hacia la enseñanza superior gratuita. Una universidad gratuita es la que mejor permite una verdadera igualdad de oportunidades. Eliminación de las tasas y matrículas o su reducción a mínimos que no impidan el acceso del pueblo a los estudios superiores. Evitar todo intento de financiación de la universidad mediante créditos que hipotecarían a los/as estudiantes durante años limitando el acceso a los estudios superiores de toda la población.
• Plan de becas y ayudas amplio, que contemple las necesidades y condiciones sociales de las/os estudiantes y las familias. Derogación del RDL de Becas.
• Eliminación de las pruebas selectivas generalizadas para el acceso a la educación superior.
• Planificación de la oferta de plazas universitarias de acuerdo con las necesidades sociales y no de las empresas y grupos financieros.
• Política de estabilización y fomento del empleo digno y de calidad, tanto para el personal docente (PDI) como para el personal de administración y servicios (PAS). Parar la destrucción de empleo, recuperación del empleo perdido. Establecimiento de la tasa de reposición al 100%. Suspender limitación a contrataciones. Acabar con la precariedad en el empleo en la universidad.
• Solamente la existencia de un profesorado estable permitirá una verdadera independencia, facilitara la motivación y ayudara a la renovación pedagógica. Una Universidad Pública requiere de un proceso objetivo, democrático y transparente de selección tanto de su profesorado como de su personal no docente. Favorecer y apoyar la promoción y la carrera profesional del personal docente y no docentes democráticamente y con transparencia.
• Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), negociado con los sindicatos.
• Mejora de las condiciones de trabajo y las Retribuciones del Personal de Administración y Servicios (PAS). Revisión y renegociación con los sindicatos del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Eliminación de las limitaciones impuestas a la ayuda social. Incremento y desarrollo
• Gobernanza y administración interna democrática que asegure la participación amplia y decisoria de toda la comunidad universitaria. Acabar con los intentos de implantar modelos de gestión empresarial en la universidad. Evitar la supresión de los órganos de gobierno democráticos y frenar los intentos de dejar la universidad en manos de nuevos consejos dominados por las grandes empresas. Rechazo a la figura del “rector-gestor”, de carácter empresarial y elegido desde fuera de la universidad y sin control democrático.
• Establecer medidas que otorguen mayor capacidad decisoria al claustro universitario, impulsando su carácter de órgano amplio colectivo, democrático y plural de toda la comunidad universitaria.
• Medidas para asegurar la plena participación de toda la comunidad universitaria en el debate y la toma de decisiones de la universidad. Revisar y reequilibrar la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno colectivos.
• Elaboración de un nuevo estatuto del estudiante, más democrático, con la participación de las y los estudiantes.
• Medidas que garanticen la igualdad de género.
• Medidas contra la xenofobia, el racismo y la intolerancia. Prohibición de actividad de organizaciones de extrema derecha y grupo xenófobos o racistas en la universidad. Garantías de mantener la prohibición de acceso de las fuerzas de orden público en los campus en los términos vigentes en la actualidad.
• Impulsar el estudio y discusión para la aplicación de metodologías docentes modernas, científicas y participativas.
• Reducción de las ratios profesorado/alumnado.
• Vinculación efectiva de las enseñanzas al mundo del trabajo y la producción. Establecer planes formativos y acuerdos democráticos que relacionen los estudios universitarios con el tejido productivo y científico, fomentando el empleo y el desarrollo social de manera no
dependiente de los intereses de las grandes empresas ni los mercados, sino al servicio de los intereses del pueblo, con mecanismos de seguimiento y control por parte de los/as trabajadores/as y los/as estudiantes.
• Estudio y creación de estructuras que unan la universidad con la sociedad en estrecha relación con sus organismos y agentes colectivos sociales y territoriales y sus necesidades.
• Fomento de la investigación I+D+i. Financiación pública que alcance el promedio europeo del 0’6% del PIB en investigación y desarrollo. Detener la sangría de investigadores/as jóvenes. Plan Nacional de inserción de científicos jóvenes en universidades y centros públicos de investigación.
• Implantación de mecanismos de aplicación de los avances y resultados de la investigación a la resolución de problemas del pueblo y la sociedad.
• Evaluación de la universidad. Reforma de los órganos de evaluación de la calidad de la educación superior que elimine todo modelo de valoración empresarial y de rankings y evalúe la actividad universitaria y la calidad docente desde los valores del servicio público y que garantice el rigor científico, el funcionamiento democrático y los objetivos de desarrollo político, social, económico y cultural de todo el pueblo.
Medidas municipales
• Concesiones de uso público para enseñanza superior limitadas exclusivamente a la de carácter público.
• Impulsar políticas de fomento de la integración de la actividad universitaria y de los centros públicos de enseñanza superior en la vida social y cultural de los municipios.

Marea Verde <mareaverdemlg@gmail.com>
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