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Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía de 2 de junio: algunas reflexiones de la CGT
Juan Muñoz Heredia. 13.06.16 
El pasado 2 de junio tuvimos conocimiento de la firma de un acuerdo en la Mesa General de negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en virtud del cual se establece un calendario para la recuperación “progresiva” de los derechos sustraídos al mencionado personal como consecuencia del estallido de la crisis económica.
Dicho acuerdo comienza con un extenso preámbulo en el que se exponen las diferentes disposiciones legales que han servido como instrumento para robarnos impunemente nuestros derechos laborales y, por ende, para deteriorar gravemente la calidad de los servicios públicos andaluces.  
Y llama poderosamente la atención la afirmación literal de las partes firmantes (la Consejera de Hacienda y Administración Pública en representación del Gobierno Andaluz, el presidente de CSI-F Andalucía, el secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT y el coordinador del Área Pública de CC.OO. de Andalucía) de que “Pese a no compartir con el Estado la idoneidad de estas medidas, tanto el Gobierno Andaluz como las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, han actuado en todo momento con lealtad institucional y corresponsabilidad”.
 
La CGT no pretende con este escrito  erigirse en “el único sindicato que defiende los servicios públicos”. Antes bien, creemos que es fundamental analizar detenidamente la situación en la que nos encontramos, sus antecedentes y causas  y, a partir de ahí, procurar extraer las conclusiones lógicas y pertinentes. Y desde luego resulta insultante que se firme un acuerdo “a plazos” que comenzará a aplicarse en septiembre, tras las elecciones generales –curiosa coincidencia- y con la Comisión Europea exigiendo a gritos la aplicación de nuevos y brutales recortes que volverán a cebarse en el gasto social y en los servicios públicos si no lo evitamos.
 
Y más ofensivo aún es que se vincule la aplicación de lo acordado -la devolución paulatina de lo que se nos robó de una tacada- a “las posibilidades reales que permite el necesario equilibrio presupuestario...” o que se engañe a la gente con la vuelta a las 35 horas sin especificar que para ello es imprescindible la modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado de 2012.
 
En la CGT tenemos claro que pueden robarnos nuestros derechos y nuestro salario, pero nunca la inteligencia y la dignidad. Por ello, nos permitiremos repasar someramente todo un conjunto de medidas y acuerdos que, partiendo del ámbito de la Unión Europea, han ido concretándose en nuestro país en las disposiciones legales enunciadas en el preámbulo del Acuerdo a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la consiguiente crisis económica global.
 
Así pues, conviene reseñar que en los últimos años se han adoptado leyes que promueven medidas similares en todos los países de la UE. Su efecto combinado es fortalecer instituciones no elegidas democráticamente para controlar las políticas económicas, fiscales y laborales y controlar el gasto público de cada país. Y todas ellas han sido apoyadas tanto por el PSOE como por el PP. Por ello, para entender lo que está en juego, es necesario hacer un repaso de las medidas más relevantes, entre las que se encuentran el Semestre Europeo, el Pacto del Euro (EuroPlus Pact), el “six-pack”, el Pacto Fiscal y el  “two-pack”. Al final de este documento incluimos un anexo en el que resumimos brevemente en qué consiste cada una de ellas y las implicaciones que tienen  en los ámbitos social, laboral y económico.
 
Si a estas disposiciones añadimos los tratados que están siendo negociados en el más absoluto secreto (TTIP, CETA y TISA) y cuyo objetivo es la derogación de los derechos sociales, laborales, económicos, de soberanía alimentaria, etc. que aún nos quedan, no parece descabellado afirmar que la estrategia de quienes nos gobiernan está perfectamente definida y encaminada a despojarnos de nuestras vidas en el más pleno sentido del término. Y, lamentablemente, parece que cuentan con colaboradores dispuestos a distraer a la gente a cambio de alguna que otra migaja, ya sea por medio de subvenciones que suelen aparecer en el BOJA o en el BOE en agosto o con la recuperación de los cursos de formación (extraña coincidencia que la Presidenta andaluza lo anunciara a los pocos días de la firma del Acuerdo).
 
Así pues, considerando lo  acordado en el seno de la UE para salvar a la banca y a las grandes fortunas a costa de nuestra miseria, y teniendo en cuenta la actitud de “lealtad institucional y corresponsabilidad” demostrada por los sindicatos firmantes, según reza el acuerdo comentado, cabe inferir algunas conclusiones:
 
Primera: considerando que en el primer trimestre de 2016  Andalucía se sitúa como la segunda Comunidad Autónoma con más déficit y que en 2015 su deuda pública alcanzó los 31.365 millones (el 21,70% del PIB), no parece descabellado inferir que las partes firmantes del Acuerdo están decididas a exigir la derogación de toda la normativa anteriormente citada y a negarse al pago de una deuda que es claramente ilegítima y odiosa. ¿Lo considerarán compatible los sindicatos firmantes  con su “lealtad institucional y corresponsabilidad”?  Porque, en caso contrario, se antoja imposible la recuperación de los derechos laborales y salariales robados, quedando entonces el Acuerdo en puro papel mojado o, lo que sería peor, en una indecente operación de apoyo al PSOE en plena precampaña electoral.
 
Segunda: para volver a la jornada de 35 horas es imprescindible la modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado de 2012,  dado que esta tiene un rango superior a cualquier disposición que pueda adoptar una comunidad autónoma. En caso contrario, Andalucía se verá en la misma situación que Castilla-La Mancha, donde el Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de dicha medida por no ajustarse a la mencionada Ley. Y  no parece sensato pensar que, con los magníficos asesores jurídicos que tienen las organizaciones firmantes del Acuerdo, estas no hayan reparado en tal cuestión. De hecho, la propia Consejera de Hacienda y Administración Pública aludió a dicha limitación días antes de la firma para justificar su negativa a abordar la vuelta a las 35 horas, aunque parece que algo grave pasó en esos días para que finalmente se prestara a la farsa. Por tanto, es evidente que para recuperar nuestra jornada de 35 horas hay que luchar decidida y unitariamente para tumbar una Ley que fue aprobada por el Gobierno central y que emana de todos los acuerdos y disposiciones legales que se vienen adoptando en contra de las clases populares desde 2008 (con Zapatero en el Gobierno) para obligarlas a  pagar una deuda que no es suya.
 
Tercera: la CGT no va a prejuzgar los fines de las partes firmantes por el hecho de que el Acuerdo se haya consumado en plena precampaña electoral, con un PSOE aterrado por los escándalos de corrupción y por los sondeos. Tampoco establecerá ninguna conexión con el anuncio que hizo el pasado 6 de junio la Presidenta de la Junta de Andalucía de que activará de nuevo los cursos de formación para el empleo. Pero sí tiene claro que el único camino para recuperar los derechos robados y revertir los recortes en el sector público, recuperando todo lo que se ha privatizado hasta el momento,  es el de la movilización de quienes hacemos posibles los servicios públicos y de quienes dependemos de ellos como parte de nuestro salario. Por ello, esperamos contar en esa lucha contra el “austericidio” con quienes dicen no compartir las disposiciones del Estado. Pero lo cierto es que, hasta el momento, las organizaciones firmantes no parecen ver con buenos ojos una vía como la que se está siguiendo en Francia en estos días y prefieren la “lealtad institucional y la corresponsabilidad”.
 
Cuarta: ahora entendemos por qué la unidad sindical en sectores como el de la educación pública ha sido imposible, a pesar del acuerdo de todas las organizaciones sindicales con presencia en el sector. Pese a los ofrecimientos concretos por parte de algunos sindicatos, incluida la CGT, y a las movilizaciones impulsadas por Marea Verde, no ha sido posible esa unidad que hubiera dado pie a movilizaciones conjuntas y a que, ante una posible negociación, se hubiera colocado al colectivo en una situación de fuerza frente a la Administración. Frente a eso se prefiere pensar siempre que no hay voluntad por parte del profesorado y que, por ello, la única posibilidad es pactar en los despachos lo mejor para el colectivo, “todo para el pueblo –es un decir-, pero sin el pueblo”.
 
Quinta: suponemos que aquellos que pretenden contribuir con este Acuerdo a que continúen gobernando quienes han seguido fielmente el guión del austericidio, tanto en Andalucía como en el resto del país, no van a protestar lo más mínimo ante cualquier medida emprendida por los mismos, ya que ellos son directamente responsables de su continuidad y no dudan en mantener su “lealtad institucional”.
 
Sexta: en consecuencia, la CGT hace un llamamiento para secundar las próximas movilizaciones en defensa de lo público. En Andalucía hay convocado un paro parcial para el próximo 13 de junio en todos los centros docentes públicos no universitarios entre las horas tercera y cuarta para exigir la reversión de todos los recortes infligidos a la educación pública andaluza. Asimismo, la CGT ha convocado una manifestación de ámbito estatal para el día 18 de junio en Madrid   en la que se reivindicará nuestro derecho a tener derechos y la reapropiación de lo que es de todas y de todos.  Os esperamos, porque
 
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
 
ANEXO:
El Semestre Europeo: se puso a prueba en 2011 y ahora es parte de la rutina. Cada año, en abril, todos los Estados miembros aportan sus borradores de presupuestos generales del año siguiente para que sean discutidos en la Comisión Europea. Después, el Consejo Europeo discute los presupuestos de todos y cada uno de los países y presenta “recomendaciones”. Todo esto ocurre en secreto y antes de que los parlamentarios nacionales conozcan los presupuestos o se pronuncien. Las recomendaciones – Programas Nacionales de Reformas- se basan en la errónea e interesada suposición de que la crisis se originó por un “exceso” del gasto público. Como consecuencia, a muchos Estados se les ha recomendado privatizar sus sistemas de pensiones, reducir las jubilaciones anticipadas y aumentar la edad de jubilación, recortar los presupuestos destinados a la seguridad social y acometer reformas laborales todavía más duras. Asimismo, cumple el compromiso de la UE con el capital privado de privatizar los bienes públicos todavía existentes (servicios públicos, empresas públicas, bienes comunes como agua, bosques, costas…).
 
El Pacto del Euro: se introdujo a comienzos de 2011 con dos aspectos clave. Primero, en lo que a estabilidad presupuestaria se refiere, el pacto establece que “para asegurar la total implementación del Pacto de Crecimiento y Estabilidad (que establece los límites conocidos para el déficit presupuestario del 3% y la deuda pública del 60% del PIB), se supervisará, de forma preferente, la sostenibilidad de las pensiones, la sanidad y los servicios sociales”. En segundo lugar, y para “fomentar la competitividad”, hay que atacar los salarios e introducir una mayor “flexibilidad” en el mercado laboral.
 
El “six-pack”: está constituido por seis leyes europeas independientes que entraron en vigor en enero de 2012 y somete las políticas presupuestarias de los Estados miembro a una estricta supervisión para asegurar que el techo de deuda y déficit se cumplen a rajatabla. Si un Estado incumple estas premisas se enfrentará a severas sanciones si no se ciñe a un rígido plan elaborado por los tecnócratas de la Comisión (recogido en los Programas Nacionales de Reformas). El six-pack también se ha utilizado para supervisar y eliminar los “desajustes macroeconómicos” (así se le llama a salarios dignos y gasto social).
 
El Pacto Fiscal: también fuerza a los Estados miembro a reducir su deuda pública (como mínimo al 60% del PIB). Como resultado de la ingeniería financiera y el fraude fiscal, políticas fiscales injustas y del desplome de ingresos, así como los enormes rescates de los bancos (en el caso español ha supuesto el trasvase de 1,4 billones de euros, de acuerdo con los datos facilitados por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos, no pagamos!) y grandes corporaciones (en el caso español, el Plan E, el Plan PIVE), la deuda pública en la eurozona está por encima del 90% del PIB (en el caso español, en el 112%). Esto significa que los países están ahora obligados a aplicar medidas de “austeridad”. Si no reducen la deuda lo suficientemente rápido, tendrán que ceder una parte importante de su soberanía a la Comisión Europea, la cual aumentará la presión e impondrá duras sanciones. Asimismo, el tratado obliga a dar prioridad y a constitucionalizar el pago de la deuda (lo que en España dio lugar a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, pactada por el PSOE y el PP en agosto de 2011 en una demostración de cómo dar un golpe de estado incruento sin que la población se enterase) y, en consecuencia, a recortar salarios, gastos y prestaciones sociales. Asimismo, sirve como coartada para desmantelar y privatizar los servicios públicos e implantar reforma laborales que vulneran los derechos de las clases populares.
 
El txo-pack: se trata de un paquete de dos leyes que entró en vigor en mayo de 2013 y que somete a los Estados miembro que necesiten un préstamo de otro Estado, del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) o del FMI a una supervisión reforzada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo que implica una dinámica de monitorización (o sea, de intervención permanente), con la imposición de un “programa de ajuste macroeconómico”.
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