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Su opinión Patrocinadores Normas Buscador Anúnciese aquí Hemeroteca11 usuarios en línea • Sábado 28 de Marzo de 2020
Cuando se gobierna para mantener el sillón
Jacinto Martinez Anton. 26.08.17 
Cuando el objetivo fundamental de un gobernante, ya sea local, autonómico o estatal, y del partido que lo sustenta, es asegurarse el puesto, asegurarse el sillón, se tiene la tentación y a veces la necesidad de sortear la ley, o al menos moverse en sus límites, y en ocasiones retorcer su interpretación.
Desgraciadamente todos podemos ver ejemplos en nuestro día a día, a cualquiera de los niveles competenciales, y sea cual sea el signo del gobernante en cuestión, en los que se conculca la ley y se mira para otro lado. ¿Porqué?. ¿Miedo a perder el sillón?. ¿Complejos del partido que sustenta al gobernante o de él mismo?.
Pongamos un ejemplo lamentablemente reciente. Según la Ley orgánica 2/1986, aún vigente, el rango competencial máximo corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; por tanto por encima de las policías autonómicas donde las hay. En los tristes sucesos recientes de Barcelona, en un tema tan grave como un ataque terrorista, se ha permitido que la policía autónoma catalana haya llevado la dirección y el control de todo el proceso, desde su prevención, o mejor dicho desde la falta de la misma, hasta la desgraciada solución del mismo.
¿Cuál ha sido el resultado de esta dejación de funciones de estado?. Por un lado un fallo estrepitoso en la prevención; por otro, la obstrucción en la investigación por parte de la policía autonómica a la guardia civil, entre otras cuestiones en la investigación de las bombas de la casa de Alcanar , en la que la policía autónoma impone su criterio, en contra de lo dispuesto en una Ley orgánica, a los cuerpos de seguridad del estado. Finalmente, aunque nos pida el cuerpo mirar para otro lado, o incluso aplaudir, la cuestionable ejecución de los presuntos terroristas a cargo de la policía autonómica.

Respecto a este último, si se nos llena la boca de estar en un estado de derecho, lo debe ser con todas sus consecuencias. Estamos en un estado de derecho que ha abolido la pena de muerte tras un juicio justo y con garantías; sin embargo parece que la sociedad ha aceptado con normalidad la ejecución sumarísima de unos presuntos terroristas (presuntos porque no han sido juzgados ni condenados), que estando desarmados, han sido tiroteados como patos de feria. La formación, competencia, su prioridad numérica y sus mucho mayores recursos, deberían haber propiciado la neutralización de los presuntos terroristas, de una forma diferente a la de una ejecución realizada sin juicio ni condena previa, en un estado de derecho en el que no existe la pena de muerte.

Volviendo al discurso inicial, aunque disponemos de leyes que establecen un marco de seguridad a los ciudadanos, estas no se cumplen, y lo que es peor, no pasa nada. Por tanto tenemos unas leyes reales, dimanadas de un parlamento democrático, y otras, no escritas ni refrendadas por el parlamento, acuñadas por la costumbre y haciendo bueno el dicho “las costumbres se hacen leyes”.

Quizás sea un buen momento, entre otras cosas para que no ocurran hechos tan lamentables como los que acabo de comentar, para que exijamos que las leyes sean leyes, y se cumplan por parte de todos, y las costumbres sean simplemente costumbres que además se castiguen cuando sean ilegales.

Exijamos a nuestros gobernantes y a nuestros políticos el cumplimiento estricto de la ley, sin interpretaciones torticeras ni dejación de funciones, consentidas, justificadas o ignoradas desgraciadamente por algunos jueces, que, con tal de mantener el sillón, perjudiquen a la sociedad que los ha elegido y les ha delegado el gobierno de su soberanía.
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