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Necesitamos recuperar a Montesquieu
Jacinto Martinez Anton. 24.09.17 
No he hablado personalmente con Don Alfonso Guerra, pero conociendo su valía política, intelectual, y su sentido de Estado, probablemente esté reflexionando, a la vista de sus consecuencias, de la deriva actual de nuestra sociedad, sobre si lo más oportuno fue enterrar a Montesquieu.
Necesitamos un Estado que sea contundente y eficaz en la aplicación de las leyes; que la aplicación de las mismas tenga la misma filosofía en su aplicación que nuestro sistema impositivo, donde paga más el que más tiene. Es decir, que aquellos que ostentan un cargo público, o son portadores de un poder político, económico- financiero, social, religioso o judicial, sean los que reciban las máximas penas cuando transgredan la ley.
Necesitamos un poder judicial que se crea en su independencia, que aplique la ley con contundencia y Justicia ( con mayúsculas), incluso, y sobre todo, frente a políticos que utilizan el conocimiento de delitos, y no los denuncian, como es su obligación, a cambio de mantener prebendas o utilizarlos para pactos de dudosa honorabilidad.
Necesitamos que España se crea a sí misma como País, para que así los españoles podamos sentirnos orgullosos de la Gran Nación que nos da cobijo.

Necesitamos el Imperio de la Ley con todas sus consecuencias, dentro de un Estado como el nuestro, homologado a nivel mundial con el reto de países avanzados, para eliminar todo resquicio de duda en sus ciudadanos.

Necesitamos políticos de talla, que lejos de lo que han venido haciendo aquellos que nos han dirigido en los últimos tiempos, ejerzan sobre sus administrados, la didáctica incluida en su juramento, de cumplir y hacer cumplir la ley. Hasta ahora, en los últimos tiempos nuestros políticos, mediocres y pusilánimes en su mayoría, han transmitido a la población que la ley se puede soslayar, se puede manipular, se puede ignorar, se puede transgredir o se puede incluso desobedecer.

Necesitamos también unos actores de la Justicia, no exentos de responsabilidad en esta deriva pacata, y autodestructiva de nuestra sociedad, que exijan y pongan en valor la independencia del poder judicial, y ejerzan su deber y su derecho a cumplir y hacer cumplir la Ley sin excepciones de ningún tipo, desde el Rey al más reciente neonato.

No puede transmitirse a la población que la Ley puede cumplirse o no, según convenga, o que la Justicia es más justa con unos que con los otros, o que los jueces puedan impunemente hacer observaciones filosóficas o sectarias, que aplican a sus sentencias, entrometiéndose, incluso en contra del sentido común, del sentido general, hasta en el funcionamiento interno de las familias.

Necesitamos que nuestros dirigentes, situados en cada uno de los tres poderes independientes del Estado, envíen un mensaje unívoco y coherente, que sea fácilmente entendido por la población y que marque con claridad la línea entre el Bien y el Mal, actualmente desdibujada, gracias a su falta de coraje, a sus complejos identitarios, a su manifiesta mediocridad y a sus intereses personales. Porque todo servidor público tiene la obligación de anteponer el bien común al bien particular; si no que no acceda al cargo o que lo deje inmediatamente.

Necesitamos políticos de altura que restablezcan y mantengan la independencia de los poderes públicos. Necesitamos recuperar a Montesquieu.

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