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Las indemnizaciones por cierre de actividad en la pandemia
Federico Ortega. 12.01.21 
Una de las buenas medidas que el Estado ha llevado a cabo en estos tiempos de tribulación y con la economía por los suelos, ha sido lo de los ERTES. No sabemos con certeza cuántos trabajadores y empresas se han podio acoger a dicha regulación, se habla de 770.000 empleados, aunque también hemos oído que son muchísimos los que todavía no han cobrado, la burocracia manda. El lío de papeles que hará falta para cobrar debe ser mayúsculo. Ahora bien, las noticias que nos llegan de las subvenciones a pequeñas y medianas empresas como restauración, turismo, autónomos..., donde no caben los ERTES, muchas de ellas microempresas sin empleados, dejan mucho que desear. Parecen simples ocurrencias pensadas para salir del paso. El gobierno central dice algo sobre las ayudas y los gobiernos autonómicos dicen otra cosa diferente, y hasta diputaciones y ayuntamientos se suman a esta puja; y destilan cosas peregrinas como dar mil euros, dos mil euros, hemos oído incluso que el gobierno pide a los dueños de locales que perdonen parte del alquiler a los arrendatarios, (así cualquiera)... ¿Para qué quiere un empresario 1.000€? ¿Le van a aliviar el problema? Lo que necesita el emprendedor es tener certeza de que su empresa no va a cerrar y no hemos visto hasta ahora un plan para aliviar las pequeñas pymes. Me refiero a un plan serio, distinto a los ERTES, discutido en el Parlamento, para que las pequeñas empresas no tiren la toalla y puedan esperar a superar esta crisis después de la vacuna. Con ocurrencias y diciendo cada gobierno lo que él cree que le beneficia electoralmente, las pequeñas empresas irán cerrando. 
Un plan concienzudo parece ser que es lo que han hecho en Alemania, y no es porque sean alemanes, es porque parece de justicia y con lógica. El plan alemán apunta a resarcir a los empresarios en un tanto por ciento de su facturación con respecto al año pasado, 2019. Un tanto por ciento que sea proporcional para todos, pequeños y grandes. Eso sí es una medida objetiva, que favorece a todos por igual, sin discriminar a nadie y sin tener que acudir a enchufes y componendas. Para todo el mundo igual. Es verdad que dinero no hay para todo lo que se quiera, pero sí es obligación de los poderes públicos, que administran nuestros impuestos, de tratar a todos de forma equitativa y no dejar a unos fuera y a otros dentro. La inyección económica la necesitan tanto las grandes empresas como las medianas, pequeñas y los autónomos. La ayuda se necesita por igual. Lo que hay que hacer es calcular la aportación que puede ofrecer el Estado y no salir con ocurrencias. Que cada cual, grandes, pequeños y autónomos presenten las cuentas del año pasado o la media de varios años anteriores (lo que se decida, pero para todos igual) y en función de ello hacer un baremo para que la ayuda llegue a todos. Un 30% de lo declarado el año anterior, o un 40, o un 60%, lo que sea que se pueda conceder, pero una cifra objetica, no una gracia del presidente o del alcalde de turno, porque sabemos que cuando se reparten ayudas públicas, siempre le tocan a los espabilados, los pillos y los enchufados, al emprendedor normal, que está a lo suyo en su trabajo, casi siempre se queda fuera.

Los 70.000.000.000€ que va a trasnferir la UE a fondo perdido a España y los otros 70 mil millones en préstamos, no pueden convertirse en un panal de rica miel donde la picaresca patria meta sus manos sin un control estricto. Hace falta un plan que a corto y medio plazo dé seguridad a los empresarios que pretenden remontar sus negocios cuando ya estemos vacunados todos. De esa manera también se premiará a los empresarios que declaran correcta y legalmente sus ingresos y se penalizará la economía sumergida. Pero la verdad, soy pesimista al respecto.

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