 |
La COP31 debe amplificar el poder de la gente, no la voz de los grupos de presión del petróleo | | Amnistia Internacional. 30.10.26 | |  31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimáticoLa crisis climática es también una crisis de derechos humanos, que se cobra vidas y trastoca por completo la existencia de innumerables comunidades en todo el mundo. Sin embargo, mientras quienes se lucran con la expansión de los combustibles fósiles conservan un acceso y una influencia privilegiados en las negociaciones mundiales sobre el clima, las personas que sufren sus consecuencias más graves, como los pueblos indígenas o quienes viven en comunidades vulnerables al cambio climático, siguen en gran medida al margen de la toma de decisiones. Como directoras de Amnistía Internacional en Brasil, Turquía y Australia, países con un papel destacado en la COP30 y la COP31, hemos comprobado que una acción climática eficaz depende de que las personas puedan expresarse, organizarse, protestar y participar. | El año pasado, en Belém, los representantes de grupos de presión de los combustibles fósiles superaron en número a todas las delegaciones nacionales salvo la de Brasil, lo que puso de manifiesto el desequilibrio de poder en las negociaciones climáticas. La COP31 debe hacer frente a la captura corporativa y ampliar la participación pública. En cambio, han surgido graves motivos de preocupación sobre si la sociedad civil podrá hablar con libertad y seguridad en Turquía.
Las restricciones de derechos potencian el colapso climático
No obstante, los derechos humanos necesarios para afrontar esta crisis y exigir justicia se ven cada vez más socavados.
Las prácticas autoritarias potencian el colapso climático al restringir las protestas, silenciar a defensores y defensoras y sustraer al escrutinio público los intereses de la industria de los combustibles fósiles. Los ataques contra las mujeres, las personas LGBTI+ o los miembros de otras comunidades marginadas dividen a las sociedades, debilitan la acción colectiva y desvían la atención pública mientras continúa la expansión de los combustibles fósiles.
Por eso, la ofensiva contra el espacio cívico en Turquía, país anfitrión de la COP31, debe alarmar a todos los gobiernos que se preparan para asistir a la cumbre.
En septiembre, las autoridades turcas pusieron en marcha una operación en todo el país contra organizaciones LGBTI+, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se allanaron viviendas, locales y oficinas, hubo personas detenidas y encarceladas, y se restringieron las cuentas en redes sociales de activistas, periodistas y grupos de derechos humanos, incluida la de Amnistía Internacional Turquía.
Estas medidas forman parte de una represión que dura ya una década y que ha debilitado la independencia judicial, ha hecho caso omiso de sentencias internacionales y ha restringido la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión. Sea quien sea el objetivo, el efecto es el mismo: se silencia la disidencia y se propaga el miedo.
Para que la COP31 tenga éxito, Turquía debe poner fin a su campaña de represión contra los derechos humanos.
Señales preocupantes de Turquía, país coanfitrión
En este contexto, el acuerdo entre Turquía y la ONU para acoger la COP31 resulta alarmante.
El artículo 11.11 exige a quienes participen que respeten las leyes y los reglamentos de Turquía y se abstengan de injerirse en sus "asuntos internos". El artículo 11.12 vuelve a incluir una cláusula sobre la renuncia a la inmunidad que se había omitido en el acuerdo de Brasil para la COP30.
Las autoridades turcas ya invocan nociones vagas como la "moral pública" y el "perjuicio para la familia" para abrir investigaciones contra personas y restringir la libertad de expresión. Por consiguiente, el acuerdo podría tener un efecto disuasorio sobre activistas, defensores y defensoras, y periodistas.
¿Podrían calificarse de injerencia en los "asuntos internos" las críticas a las políticas de Turquía sobre los combustibles fósiles, a su trato a los defensores y defensoras ambientales o a su represión de las organizaciones LGBTI+? Nadie que asista a una conferencia de la ONU sobre el clima debería tener que preguntárselo.
Turquía y la ONU deben garantizar públicamente que quienes participen puedan expresarse, organizarse, informar y protestar de forma pacífica sin discriminación, intimidación, vigilancia, detención ni represalias. Los gobiernos deben denunciar las deficiencias del acuerdo antes de llegar a Antalya.
Brasil aportó avances, aunque no la perfección
La COP31 debe tomar como punto de partida el enfoque adoptado por Brasil. El acuerdo de país anfitrión que Brasil firmó para la COP recogía el compromiso de celebrar una conferencia inclusiva y no discriminatoria, mientras que su presidencia adoptó un tono más abierto y participativo. La COP30 registró una participación récord de los pueblos indígenas, pero el acceso no garantizó la influencia: muchas decisiones clave se siguieron gestando a puerta cerrada.
En última instancia, los compromisos asumidos en Belém dependen de las decisiones políticas que se tomen en el ámbito nacional, y los resultados de las elecciones de octubre en Brasil apuntan a un poder legislativo que podría estar menos dispuesto a cumplirlos. Esta situación podría aumentar el riesgo para los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas y tradicionales.
Cuando se debilitan las protecciones en el ámbito nacional, los espacios internacionales resultan aún más esenciales para que las poblaciones afectadas alcen la voz y exijan cuentas a los responsables de la toma de decisiones. La COP31 debe garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica fuera de la "Zona Azul" (el recinto bajo protección de la ONU) y ampliar el acceso de la sociedad civil a las negociaciones.
Los defensores y defensoras ambientales impulsan el cambio
Como ha documentado Amnistía Internacional, las comunidades que se oponen a la expansión de los combustibles fósiles y construyen alternativas más justas sufren acoso, vigilancia, criminalización, desinformación, violencia y restricciones a la protesta pacífica. Entre ellas: Los pueblos de las Primeras Naciones de Australia que se oponen a las prospecciones de petróleo y gas en alta mar, los pescadores artesanales de la bahía brasileña de Guanabara que luchan por la justicia ambiental y los activistas que defienden el bosque turco de Akbelen frente a la expansión de la minería del carbón.
Estas comunidades son titulares de derechos, depositarias de conocimientos y agentes políticos que protegen territorios y forjan respuestas climáticas eficaces. Los gobiernos deben protegerlas y garantizar que participen de manera significativa en la toma de decisiones.
Descubre más historias de defensores y defensoras de los derechos ambientales en todo el mundo que luchan por las personas y el planeta: https://www.amnesty.org/es/documents/act30/1437/2026/es/
La COP31 debe hacer frente al poder de la industria de los combustibles fósiles
Con el fin de proteger los derechos humanos, los gobiernos deben aprovechar la COP31 para impulsar tres prioridades urgentes.
En primer lugar, deben poner fin a la expansión de los combustibles fósiles y acelerar una transición completa, rápida, justa, financiada y conforme con los derechos humanos para abandonarlos. Los Estados con mayor responsabilidad deben ir más lejos y más rápido: eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y reorientar los recursos públicos hacia energías renovables respetuosas con los derechos humanos.
En segundo lugar, deben garantizar que la transición proteja los derechos y no deje a nadie atrás, entre otras cosas poniendo en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa y dotándolo de financiación y de un sistema de rendición de cuentas.
Y, en tercer lugar, deben aumentar la financiación climática pública y basada en subvenciones para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños, sin endeudar aún más a los países de ingresos más bajos.
La COP31 no logrará estos resultados sin los conocimientos y la pericia de las comunidades en primera línea.
Brasil debe defender los avances en materia de participación logrados en la COP30. Turquía debe dar marcha atrás en su represión y proteger el espacio cívico. Australia, en calidad de país que preside las negociaciones, debe lograr un resultado ambicioso y centrado en los derechos humanos, y hacer frente al mismo tiempo a las restricciones a la protesta climática pacífica en su propio territorio.
La crisis climática no puede resolverse a puerta cerrada. Las puertas deben permanecer abiertas y la población ha de poder influir en lo que ocurre dentro.
Consulta nuestras recomendaciones sobre la acción climática en la COP31: https://www.amnesty.org/es/documents/ior40/1465/2026/es/ |
|
|
| <-Volver |
|
|
Enviar esta noticia
Compartir